¿Quién los controlará?

¿La salud o el dinero?

El 21 de julio de 2009 en el Congreso de la República se decretó la ley 1335 con la que se estipulan normas para prevenir y controlar el consumo de tabaco en el país y se encuentran reglas como: no hacer publicidad de los productos (cigarrillos), no usar material publicitario en establecimientos públicos como las tiendas, así mismo, no se puede vender al menudeo ni se puede fumar en zonas comunes que tengan techo, ni siquiera carpas o toldos. También, sostiene que cada cajetilla de cigarrillos debe tener un pictograma que muestre las consecuencias de fumar; y se reafirma la norma de no vender cigarrillos a menores de 18 años. Sin embargo, con la consolidación del decreto no existen garantías suficientes para hacer cumplir la ley antitabaco y los consumidores permanentes de la sustancia seguirán ingiriéndola sin importar este tipo de restricciones.
Vivimos en un país en el que día a día se consume esta sustancia, sin pensar en el otro, y en el respeto que merece. Es por esta razón que las autoridades decidieron especificar en el artículo 18 que es permitido: “Acudir ante la autoridad competente en defensa de sus derechos como no fumadora y a exigir la protección de los mismos”. Sin embargo, esta norma no es respetada y la gente no obedece las restricciones que hay como las zonas libres de humo que se han implantado en el territorio nacional. Debido a que su adicción a esta sustancia es muy grande y no les importan los riesgos que corren sus vidas, en el caso colombiano los jóvenes pasan por alto los problemas de salud y no son conscientes del tipo de enfermedades que pueden desarrollar como “cáncer de varios tipos como pulmón, boca, laringe, vejiga, riñón, páncreas, cuello uterino, estómago y ovarios”.
Ante estas consecuencias la OMS (Organización mundial de la salud) quiere una prohibición total del consumo debido a que conocen los efectos que tienen las sustancias tóxicas en el cuerpo humano, y saben que la publicidad que generan las tabacaleras es para cautivar a las nuevas generaciones.
Es por esta razón que el gobierno nacional decidió que a partir del 21 de julio no se podrá usar ningún tipo de publicidad en la que se promueva el consumo de tabaco, y que deben aparecer 6 nuevos pictogramas en los que se reflejen las consecuencias del consumo, medidas que desde mi punto de vista solo sirven para las nuevas generaciones porque aquellos que ya hacen parte de la población fumadora no le prestarán atención.
El problema cambia. Ahora se debe tener en cuenta el dinero que mueven las tabacaleras y cómo esto compite de manera directa con la salud. En el proceso de cultivo y tratamiento de la hoja de tabaco hay aproximadamente 15 mil familias que se benefician, durante el procesamiento del cigarrillo hay mil empleados y adicionalmente se generan 8 mil empleos indirectos entre diseñadores y distribuidores.
Es ahí donde empieza un juego de poder en el que luchan diversos sectores como: la Liga colombiana contra el cáncer, las tabacaleras, los fumadores y los no fumadores.
Por un lado Guillermo Martínez de la Liga sostiene que en Colombia los niños desde los 10 años están comenzando a fumar sin ser conscientes que al encender un cigarrillo se propagan 3000 sustancias tóxicas, y que después de que se contraen las enfermedades es el gobierno quien debe pagar los costos de sus tratamientos, lo que le sale a un más costoso al país.
Las tabacaleras por su puesto responden a esto bajo la excusa de que ellos no obligan a nadie a consumir sus productos, y es cierto. Sin embargo con el tipo de publicidad que ofrecen logran persuadir de manera directa y convocar a más personas a hacer parte de uno de los mejores negocios del mundo, pero que ahora se ve en riesgos, debido a que la ley los va a perjudicar de manera directa. Al prohibir que pauten publicidad de sus productos, perderán clientes, al igual que al no poder aparecer en eventos como fiestas, partidos de futbol. Esto hará que se cree un círculo vicioso, sus ventas disminuirán, entonces, el valor de sus impuestos bajará, lo que afecta directamente al gobierno; por otro lado, al producir menos, deberán recortar el número de empleados, incrementando la tasa de desempleo.
Entonces, entra a la discusión otro actor de vital importancia y es el que sostiene a las tabacaleras, el fumador. Ante este decreto aparecieron grupos de fumadores como Fanáticos Mustang, un grupo de jóvenes que lucha contra la medida, sosteniendo que la Constitución política permite el libre desarrollo de la personalidad y fumar hace parte de esas actividades.
A lo que los no fumadores responden que en el artículo 49, se menciona que: “toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”. Este es un tema de salud pública que perjudica a la población colombiana no fumadora.
Cada uno tiene una posición marcada y el gobierno con esta ley pretende unir todos los puntos de vista y dar un equilibrio en el que se cree una conciencia de tolerancia en donde el respeto predomine, pero esta ley tiene una gran falencia y es la pregunta que se hace más de uno en el país, ¿Cómo se va a controlar el consumo de cigarrillo en lugares prohibidos?
Siendo objetivos no existen maneras posibles de controlar el consumo de cigarrillo en la ciudad, debido a que no existe el pie de fuerza necesario para monitorear estas actividades, así que desde mi punto de vista una medida de este tipo no será efectiva, y lo que se debe hacer es generar cultura ciudadana, en donde la gente sea concientice del daño que se le hace al otro, debe existir un balance en el que se vele por el bien común sin dejar a un lado los intereses personales. Sin embargo, esta sigue siendo una ilusión, porque para lograrlo se necesita un cambio de chip por parte de la población.
A pesar de eso Héctor Zambrano, secretario de Salud de Bogotá, sostiene que esta medida será efectiva y que esto se podrá lograr.